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La administración del presidente Donald Trump sostuvo conversaciones secretas con Irán sobre la deportación de iraníes durante la guerra en curso. Documentos desclasificados muestran que la administración republicana afirmó a mediados de octubre que tenía planes para deportar iraníes a través de un tercer país, según documentos judiciales.
El juez del caso ordenó al gobierno notificar al tribunal con 24 horas de antelación cualquier plan definitivo para deportar a iraníes a Irán o a cualquier otro país, y con cinco días de antelación por escrito antes de que se realice dicha deportación.
Un grupo legal que representa a iraníes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que al menos una docena de detenidos iraníes fueron informados la semana pasada de su deportación a Irán, y que a algunos se les comunicó que podría producirse tan pronto como el próximo domingo. El grupo legal, denominado Fondo Iraní-Estadounidense de Defensa Legal, interpuso la demanda en la que se publicaron los nuevos documentos judiciales.
Documentos judiciales y correos electrónicos anteriores muestran que la administración mantuvo conversaciones con Irán sobre las deportaciones que tuvieron lugar el año pasado y poco antes de la guerra. Pero la revelación de que mantuvo esos contactos incluso después del estallido de la guerra puso de manifiesto la determinación de la administración de llevar a cabo su dura represión migratoria, que ha implicado un aumento de las deportaciones, incluso a lugares que, según los críticos, podrían poner en peligro la vida de los retornados.
“Estamos en guerra con un país donde el presidente de los Estados Unidos ha dicho, hace apenas dos o tres días, si no ayer, que es esencialmente un país sin ley… Un país que es enemigo de los Estados Unidos, según el actual presidente. Un país que, según nuestro presidente, asesinó a decenas de miles de manifestantes”, dijo la jueza Ana Reyes, según la transcripción del 15 de octubre.
Agregó: “Y lo que me está diciendo es que Estados Unidos va a enviar personas de vuelta a esa región, enfrentándose a lo que usted, yo y cualquiera que vea esto sabríamos que sería, como mínimo, una grave amenaza de muerte segura”.
El abogado del Departamento de Justicia, Dimitar Georgiev-Remmel, respondió: “Sí, su señoría”.
El gobierno está ejecutando órdenes legales de expulsión. Georgiev-Remmel informó al tribunal que no se había fijado una fecha específica para llevar a cabo ninguna expulsión.
Los documentos judiciales demuestran que la administración mantuvo contactos con Irán durante la guerra en relación con las deportaciones, concretamente para la presentación de documentos de viaje y para averiguar “posibles vías de expulsión”.
El Departamento de Estado declaró que, por lo general, no comenta sobre litigios pendientes ni sobre conversaciones diplomáticas privadas. Remitió las demás preguntas al Departamento de Seguridad Nacional, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
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